Ayer, 1 de junio, México vivió una jornada electoral que pasará a la historia, pero no por su trascendencia democrática, sino por la indiferencia con la que fue recibida por una gran parte de la ciudadanía. 

Quintana Roo no fue la excepción. Aquí, como en muchas otras entidades del país, la elección de jueces, magistrados y ministros —un hecho inédito en la vida institucional de la nación— fue empañada por la falta de organización, la escasa participación ciudadana y una profunda desconfianza en el proceso. 

En el caso particular de nuestro estado, los problemas comenzaron desde temprano. Para las 11:05 de la mañana, tres horas después de la hora establecida para la apertura de casillas, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aún no había reportado la instalación completa del 100% de las mesas receptoras de votos. 

Oficialmente solo se habían instalado 1,226 de las 1,280 casillas previstas. Aunque el Ieqroo intentó minimizar la situación afirmando que los Capacitadores Electorales habían confirmado su instalación, el hecho de que no se reflejara en el sistema oficial solo evidencia más desorganización. 

Estos retrasos, lejos de ser simples incidentes operativos, reflejan el poco interés y compromiso con el que se ha manejado un proceso que pretendía democratizar al Poder Judicial, pero que terminó por mostrar sus costuras desde el primer día. Una reforma que nació cuestionada, que fue aprobada con premura legislativa y que desde sus cimientos mostró más intención de control político que de fortalecimiento institucional. 

En el plano nacional, la situación no es muy distinta. La jornada de ayer fue marcada por la confusión, la apatía y múltiples denuncias en redes sociales y medios sobre la entrega de "acordeones" o listas de candidatos promovidos por partidos políticos, sindicatos y gobiernos locales, lo que contradice frontalmente el espíritu de imparcialidad que debe regir en la elección de jueces. Lo más preocupante es que en lugar de condenar estas prácticas, desde la presidencia de la república se optó por justificar o minimizar el problema, restando aún más credibilidad al proceso. 

En Quintana Roo, no se cantan mal las rancheras, y las redes sociales evidenciaron compra de votos mediante la entrega de “acordeones” comestibles por 500 pesos, incluso se habló de una vivienda que ofrecía mil pesos por vender el voto. 

Pero la baja participación en este proceso es también un reflejo de otro problema estructural: la falta de difusión. El Ieqroo, a pesar de los recursos que maneja y los millones que destina en rubros como el alquiler de lujosas oficinas, falló en una tarea elemental: informar y motivar al electorado. La ciudadanía, en su mayoría, no tenía claro por qué ni para qué estaba votando. ¿Quiénes eran los candidatos? ¿Qué implicaciones tenía su elección? ¿Cómo se garantizaba que no hubiese injerencias políticas? Preguntas que nunca fueron respondidas con claridad. 

A esto se suma el rechazo abierto de sectores relevantes de la sociedad. desde colectivos feministas que denunciaron la inclusión de aspirantes con antecedentes penales o acusaciones de corrupción, hasta la crítica directa del obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, quien calificó la elección como “una farsa” y anunció que no participaría porque el proceso carece de legitimidad. no es un dato menor que una figura pública de ese nivel haya optado por abstenerse. 

La realidad es dura pero necesaria, y el modelo de elección directa de jueces ha nacido herido. No solo por sus fallas estructurales, sino porque el contexto político y social de México no estaba preparado para asumir con madurez una transformación tan profunda en el sistema de justicia. El resultado fue una jornada gris, desangelada, plagada de dudas y marcada por una clara desafección ciudadana. 

Lo ocurrido en Quintana Roo debe servir como llamado de atención. La democracia no se construye con reformas impulsadas desde la cúpula, sin diálogo ni pedagogía social. Si realmente se busca acercar la justicia al pueblo, el primer paso no es imponer listas ni disfrazar de participación un proceso que huele más a simulacro que a ejercicio democrático. 

A partir de hoy, será necesario hacer una profunda reflexión nacional sobre el rumbo que está tomando la impartición de justicia. Y en Quintana Roo, será urgente exigir cuentas a quienes, una vez más, nos fallaron desde la organización hasta la comunicación. 

Porque la justicia, como la democracia, no se impone: se construye. Con transparencia, con ética y, sobre todo, con respeto a la ciudadanía. ¿Lo entenderán así algún día las instituciones electorales?

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